HB 3 en Florida: Protección a menores en redes sociales donde la culpa o es de Dios, o es del Diablo.

En estos tiempos, cuando la política despliega sus encantos como si fueran conjuros, aparece esa maravilla legislativa como una “Ley Acertijo”, un entramado donde la contaminación de la conciencia de los niños se arroja a las manos de Dios o del Diablo, pero nunca a las nuestras. ¿Creíste, ingenuo de ti, que firmar un papel o apretar un botón mágico bastaría para que los niños abandonaran TikTok o Instagram? ¿Qué, de esa sencilla manera, dejarían de absorber, como esponjas, ese diluvio de información tóxica y degradante? Difamación, pornografía, rivalidades siniestras, venganza, descrédito… Todo lo que el ser humano ha creado para lastimarse encuentra su canal perfecto en las redes, y esta ley parece creer que basta con dibujar un cerco para contenerlo.

La HB 3, claro, no es única en su especie. Otras leyes similares ya brotan en Utah, Texas y Arkansas, con ese mismo aire de panacea legislativa. Verificación de edad, límites a la mensajería privada, padres convertidos en todopoderosos guardianes… Sobre el papel suena sólido, pero en la práctica es una tragicomedia. ¿Cómo protegerán los padres a sus hijos si necesitan que ellos mismos les expliquen cómo configurar TikTok? Y los adolescentes, maestros en el arte del subterfugio digital, ya tienen bajo la manga VPNs, cuentas falsas y tutoriales de YouTube para sortear cualquier restricción. Mientras tanto, las plataformas cumplen con lo mínimo, se lavan las manos con un formulario y esperan que nadie haga demasiadas preguntas.

En Florida, la HB 3 se celebra con bombos y platillos, como si hubieran descifrado el código moral del siglo XXI. Pero cuando estas leyes fracasan —y fracasan, porque nacen rotas—, ¿de quién será la culpa? No de los padres, que siguen sin supervisar los teléfonos. Tampoco de los hijos, genios tecnológicos en ciernes. Menos aún de los legisladores, que redactan proyectos con vacíos legales tan grandes que podrían contener océanos de incompetencia. No. Según el guion oficial, la culpa será de Dios o del Diablo. Arroja tu primera piedra en la dirección que prefieras.

Y mientras los legisladores celebran estas leyes, la retórica política juega en otro nivel de ironía. Es irónico que quienes redactan normas contra la desinformación sean los mismos que difunden rumores extravagantes. ¿Recuerdas aquel del político que aseguraba que ciertos inmigrantes “se comen a los perros y a los gatos, adorables mascotas de la gente de bien”? O lo que se insinuó tras una masacre reciente en Nueva Orleans, donde esa figura superpoderosa afirmó, sin pruebas, que el asesino no podía ser un “auténtico americano”. Según él, “los criminales que vienen son mucho peores que los que ya tenemos”. Una cita, dicen, tomada de la agencia EFE. Como si la brutalidad de un acto dependiera del lugar de nacimiento. El verdadero giro irónico fue descubrir que el criminal era tan americano como su presidente, cuyos ancestros vinieron de Alemania o, quizás, de la Cochinchina.

Voltaire lo dijo mejor que nadie: “Certainement, qui est en droit de vous rendre absurde est en droit de vous rendre injuste.” Es decir: “Sin duda, quien tiene el poder de hacerte creer absurdos, tiene el poder de volverte injusto.” Y así, entre absurdos e injusticias, la HB 3 extiende su halo de ilusión, mientras la ciudadanía se pregunta si esto realmente cambia algo. Tal vez no. Es sencillo: estas leyes chocan contra derechos y libertades ya consolidados —privacidad, libre expresión—, nadie entiende realmente su alcance, y las plataformas seguirán haciendo lo mínimo para evitar sanciones.

¿Y los adolescentes? Navegan las aguas digitales como peces en el agua, siempre dos pasos por delante de los congresistas. Mientras tanto, los adultos, adictos a sus propios algoritmos, caen en las conspiraciones que estas leyes intentan frenar. Hannah Arendt nos recuerda que “la mentira y la violencia han sido desde siempre herramientas de la política”. Sin honestidad ni educación, ¿cómo esperamos que una legislación llegue a buen puerto?

Sin un compromiso real de las familias para auto-regularse, de las comunidades para apoyar a los padres y de las plataformas tecnológicas para asumir su responsabilidad social, estas leyes seguirán siendo acertijos vacíos. La solución no está en normas estatales aisladas que nacen rotas; solo un referendo federal obligatorio con alcance global podría convertir la protección de menores en un derecho inalienable.

Solo una legislación con fuerza constitucional, que exija la participación de toda la nación y convierta la protección de menores en un derecho inalienable, podría dar un giro real a esta historia. Y no solo eso: debería incluir implicaciones criminales claras para quienes violen la ley de protección, obligando a los gigantes tecnológicos a convertirse en verdaderos guardianes del cumplimiento. Las plataformas, que lucran sin límites con la participación masiva, no pueden seguir evadiendo su responsabilidad. Deben ser obligadas por ley a proteger a los menores, y cualquier incumplimiento debe ser severamente sancionado.

Mientras tanto, los legisladores seguirán aplaudiéndose entre ellos, celebrando su «gran contribución» como si la apariencia de acción fuera suficiente. Son ellos quienes, con cada ley vacía, eligen ignorar el fracaso que se avecina. Mientras tanto, los padres continuarán pidiendo ayuda a sus hijos para configurar la privacidad de sus dispositivos. Y nosotros, como siempre, seguiremos culpando a Dios o al Diablo por la inutilidad de estas leyes. Porque, claro, asumir nuestra propia responsabilidad —como sociedad, como familias y como líderes— sería demasiado incómodo. Hasta que no lo hagamos, seguiremos atrapados en este ciclo de ilusiones rotas. ¿Es acaso ese el futuro que queremos para nosotros y nuestros hijos?